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Inicio > Departamentos > LA TRANSICIÓN POLÍTICA (1986 - 1996)

Período de transición política en Guatemala (1986 - 1996)

La transición posibilitó la reorganización del movimiento social que emergió de manera acelerada, a pesar de que continuaron las censuras y las acciones de persecución hacia muchos de sus miembros y líderes...


LA TRANSICIÓN POLÍTICA (1986 - 1996)

En noviembre y diciembre de 1985 se realizaron las elecciones generales para las autoridades que encabezarían el primer Gobierno constitucional desde 1982. Esta vez fueron doce partidos los participantes, con la novedad del Partido Socialista Democrático (PSD) que intentó aglutinar la oposición de izquierda. Aunque siempre hubo dudas sobre la actitud que tomaría el Ejército, las elecciones se realizaron sin fraude. Fueron ganadas en la primera vuelta por la DC, seguida de la UCN, y en tercer lugar por el PDCN-PR. Ninguno de estos partidos obtuvo una mayoría absoluta, por lo que se convocó a una segunda vuelta entre las dos primeras, la que ganó la DC con el 68% de los votos. El giro fue total, pues se modificó la tendencia política de las últimas dos décadas del predominio de los partidos más conservadores. Las interpretaciones sobre los resultados electorales señalaron tres puntos en común. El Gobierno demócrata cristiano estaba ahora sujeto a multiplicidad de expectativas internas y externas; su triunfo representaba un rechazo de la población hacia el pasado inmediato; y, sobre todo, se había convertido en un voto de desconfianza hacia los militares. El 14 de enero de 1986 asumió el Gobierno el demócrata cristiano Vinicio Cerezo Arévalo.


Los planteamientos de la apertura política y el retorno al orden constitucional que se asentaron durante el Gobierno de Mejía Víctores, se iniciaron formalmente con la administración del licenciado Cerezo Arévalo (1986-1991). El proceso de transición estuvo cargado de tensiones entre fuerzas políticas legales, algunos sectores sociales y los militares, quienes buscaban asegurarse una transición controlada, donde se conjugara su constante observación y cierto juego político. La transición se dio de manera accidentada y no exenta de riesgos de reversión autoritaria; manifestación de la presión militar en la cúpula de poder fueron varios intentos de golpe de Estado, como los de 1987, 1988 y 1989.

Las ofensivas militares contra la guerrilla y la cada vez más reducida base social de ésta continuaron durante este período. Sin embargo, debido a la presión internacional para buscar soluciones políticas a los conflictos de la región y a la incidencia de partidos políticos y sectores sociales, que presionaban para que el proyecto de apertura controlada comenzara a ser más amplia y tolerante, el Gobierno privilegió la dimensión política del enfrentamiento.



El Gobierno de Serrano Elías (1991-1993) retomó los esfuerzos de negociación de paz emprendidos durante el período anterior. Sin embargo, se encontró con dificultades para encontrar una solución política al enfrentamiento y su Gobierno tuvo confrontaciones internas con las fuerzas políticas de oposición y con muchos sectores sociales. Esta crisis institucional desembocó con el intento de golpe de Estado técnico, presidido por el mismo Serrano el 25 de mayo de 1993. El golpe fue rechazado por la Corte de Constitucionalidad y por todos los sectores sociales. Esto permitió que el proceso político se alejara cada vez más de la orientación contrainsurgente, aunque la crisis y el juego político sacaron a luz las debilidades del Estado: problemas de autoridad, corrupción, impunidad, negligencia administrativa: infuncionalidades arrastradas durante años, pero que los gobiernos militares habían tratado de ocultar.

El Gobierno de Ramiro de León Carpio (1993-96) estuvo marcado por una crisis de autoridad del Estado y por las negociaciones de paz que finalizaron en el Gobierno de Alvaro Arzú (1996). Durante este período las negociaciones se caracterizaron por luchas internas en el seno de sus actores. Los dilemas fueron: para el Gobierno, legitimar políticamente a la izquierda revolucionaria; para el Ejército, aceptar la disminución de cuotas de poder, y para la guerrilla, aceptar el carácter estratégico de la negociación para terminar el enfrentamiento armado.

El sector empresarial apoyó el proceso de transición, preocupado permanentemente de que sus intereses no fueran afectados por reformas tributarias o medidas proteccionistas drásticas y de que los gobiernos civiles aceptaran y emprendieran sus postulados económicos. Su participación en las negociaciones de paz fue desconfiada, principalmente en los aspectos socioeconómicos, donde se oponían a que se realizaran cambios constitucionales en torno a los temas de la propiedad y a la aprobación del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Sin embargo, un pequeño sector del empresariado vio con interés el proceso de negociación y la firma de la paz para garantizar las condiciones que aumentaran la inversión interna y externa.

La transición posibilitó la reorganización del movimiento social que emergió de manera acelerada, a pesar de que continuaron las censuras y las acciones de persecución hacia muchos de sus miembros y líderes. Los sectores que más rápidamente prosperaron fueron el sindical y los organismos de Derechos Humanos, que demandaban mayor tolerancia del Estado y justicia social. El inicio de la transición causó mucha expectativa entre la población, sin embargo esta expectativa fue decreciendo en la medida en que los gobiernos fueron incapaces de detener la crisis económica y los déficit sociales básicos, así como el clima de inseguridad ciudadana.



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