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Reorganización de los beligerantes en Guatemala (1971-1978)

Este período de la historia se caracteriza por procesos de reorganización de diverso orden, lo que comprometió al conjunto de los actores de la sociedad. En lo económico...


REORGANIZACIÓN DE LOS ACTORES DEL ENFRENTAMIENTO (1971-1978)

Este período de la historia se caracteriza por procesos de reorganización de diverso orden, lo que comprometió al conjunto de los actores de la sociedad. En lo económico, se asistió a una diversificación productiva en un contexto de modernización, con intentos desde el Estado de impulsar iniciativas de desarrollo; en lo político se consolida la alianza Ejército-partidos políticos-sectores empresariales, bajo una nueva fórmula de gobiernos electos, siempre encabezados por militares. Eliminada transitoriamente la amenaza de la guerrilla, el Estado permite ciertos márgenes de organización y reivindicación. A la luz de la experiencia del período previo, el Ejército afianzó su tecnificación y reordenamiento de sus unidades militares; a su turno, nuevas organizaciones guerrilleras harán su aparición, mejor entrenadas, equipadas y más organizadas en su estructura político-militar.


La institucionalización del régimen militar establecido en 1966 tuvo continuidad durante la década de los setenta. El modelo se basó en la permanente alianza entre políticos, empresarios y militares. El Ejército tomó el poder del Ejecutivo y asumió el control del Estado mediante un sistema electoral fraudulento, en un juego de competencia limitada a la participación de partidos ideológicamente anticomunistas. La forma utilizada fue la de un presidencialismo fuerte, con el Ministro de la Defensa como candidato a la Presidencia y un civil de prestigio como Vicepresidente. La Constitución de 1966 fue la base legal del modelo, mientras la modernización operativa del Ejército, especialmente de su núcleo de Inteligencia, se convirtió en el factor fundamental de sustento. A esto hay que sumar la permanente cooperación económica y militar que los gobiernos castrenses recibieron de los Estados Unidos, así como el apoyo de sectores importantes del empresariado.

En opinión de un ex Ministro de la Defensa y general del Ejército:

“Este modelo se explica como el predominio de los militares en el poder nacional, afianzados en éste por la posesión de las armas. Pilar importante era un partido o una coalición de partidos cuyos activistas tenían empleos en la burocracia del Gobierno, en donde se permitía una corrupción controlada ... El sistema dependía mucho del general Presidente de turno para alternar y entenderse con los grupos de poder económico. Debido al persistente desafío armado ... completaban el cuadro abusos e ineptitudes en aras de la seguridad nacional. Los métodos políticos prevalecientes ... estaban basados en limitada violencia represiva, permitiendo también reducida oposición política y elecciones arregladas de antemano”.



El poder legislativo expresó las limitaciones de un pluralismo aceptable en el interior de la definición anticomunista de la política. Hubo partidos oficiales y partidos de oposición representados; sin embargo, el debate parlamentario siempre encontró límites en las decisiones militares y en los intereses marcados por la Doctrina de Seguridad Nacional. A pesar de la limitada participación política, la popularidad y el caudal electoral de algunos líderes de oposición les permitió ganar la alcaldía de la ciudad capital en dos oportunidades: Manuel Colom Argueta en 1970 y Leonel Ponciano en 1974.

El terrorismo de Estado fue permanente, aunque aplicado de manera selectiva. Sin embargo, el Organismo Judicial permitió la impunidad y continuó sometido al poder Ejecutivo. Cuando el enfrentamiento armado se intensificó, el sistema judicial, y en especial, quienes formaban parte de los tribunales superiores, no buscaron fortalecer la estructura y la presencia de los órganos judiciales en todo el país, dejando zonas completas del territorio nacional libradas a su propia suerte. Esta política de retraimiento de la administración de justicia fue uno de los modos como las sucesivas cortes supremas se adaptaron y colaboraron en la militarización de la sociedad. En pocas ocasiones se iniciaron procesos judiciales y rara vez se condenó a quienes cometían violaciones a los derechos humanos. El sistema judicial tampoco castigó actos ilegales de las fuerzas insurgentes. No se registran casos de personas procesadas o condenadas por actos subversivos y el poder militar no reconoció nunca la existencia de presos políticos. Muy pocos recursos de exhibición personal tuvieron resultados positivos. Pocas de las demandas laborales de este período fueron resueltas a favor de los trabajadores; por el contrario, varios miembros de sindicatos, así como sus asesores jurídicos fueron objeto de intimidaciones y represalias que los obligó a salir del país, incluso un considerable número de ellos fueron ejecutados arbitrariamente.

La institucionalización del poder militar atentó contra la posibilidad de constituir un Estado democrático de Derecho. El Estado no tuvo nunca esas características por la naturaleza exacerbada de sus finalidades contrainsurgentes. Constituye una nueva demostración de su debilidad en la medida en que fue tomado, asaltado, por el poder militar y por los intereses corporativos de una parte del sector privado, al servicio de un orden político con muy escasa legitimidad. Fue este Estado débil el que encaró la segunda etapa del enfrentamiento armado.

Estos años se caracterizaron por un importante auge económico en el país. Según datos de la CEPAL, el crecimiento del PIB en 1974 fue del 6.1% y en 1977 del 7.4%.Entre 1975 y 1977 se produjo una explosión del mercado del café y los precios aumentaron en un 400%. A la vez, se duplicó el valor de las exportaciones, produciendo cierta euforia económica que se prolongó hasta finales de 1977. Hubo un ingreso considerable de capitales extranjeros en la industria favorecidos por la integración económica centroamericana iniciada en la década de los sesenta. A pesar de ello el modelo económico elegido por los gobiernos militares fue eminentemente conservador y benefició solamente al sector empresarial, el cual presionó al Estado para que la política fiscal, las leyes laborales y crediticias se subordinaran a los intereses del sector productivo y de la empresa privada. Así se crearon incentivos financieros y fiscales que incluían barreras arancelarias hasta la eliminación de impuestos.

Este crecimiento económico favoreció un cierto desarrollo de la organización social con las nuevas características de la urbanización, la industrialización, la modernización y la diversificación de la agricultura de exportación. Con la expansión industrial, entre 1965 y 1974 se incrementó el número de obreros en más de un 50%.Aunque la expansión económica se realizó bajo condiciones que limitaban la acción sindical y el logro de aumentos salariales, tanto entre los trabajadores como en el campesinado se organizaron cooperativas, ligas campesinas, comités, sindicatos, y asociaciones mayas, en algunos casos con el apoyo de la Iglesia Católica o de la Democracia Cristiana.

Durante estos años surgieron dos nuevas organizaciones insurgentes, el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) y la Organización del Pueblo en Armas (ORPA), quienes redefinieron el enfoque estratégico con respecto a las organizaciones de los años sesenta. Esto implicó la selección de territorios distintos y un esfuerzo consciente por ampliar su base social, buscando la participación del pueblo maya en la lucha revolucionaria.



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